El vicepresidente del Estado, Edman Lara, marcó distancia este lunes de la propuesta formulada por el presidente Rodrigo Paz para reducir el salario de las altas autoridades y destinar esos recursos a un fondo de apoyo para pacientes con enfermedades renales. Mediante un comunicado oficial, Lara sostuvo que la discusión sobre la reducción salarial “no es nueva”, pero cuestionó la creación de un fondo cuya administración, fiscalización y mecanismos de control aún no están claramente definidos.
En el pronunciamiento, el Vicepresidente afirmó que los pacientes renales “merecen certezas, no promesas” y planteó que la solución pasa por fortalecer el presupuesto de salud mediante mecanismos institucionales permanentes, en lugar de recurrir a medidas coyunturales. También advirtió que antes de implementar una iniciativa de este tipo es necesario garantizar transparencia en el manejo de los recursos y definir qué entidades estarán a cargo de su supervisión.
Sin embargo, la posición expresada por Lara contrasta con las declaraciones que realizó el 26 de diciembre de 2025, cuando impulsó públicamente una reducción generalizada de salarios en la administración pública. “Bajémonos el sueldo a todos, estoy dispuesto. Pero que se baje también el presidente. Que se bajen los ministros, los diputados, los senadores y todos los funcionarios públicos. Les desafío, bájense el sueldo a la mitad”, afirmó entonces durante una transmisión en TikTok.
En esa misma intervención, Lara fue más allá y sostuvo que la decisión dependía exclusivamente de la voluntad política del Ejecutivo. “El presidente tiene que ordenar la reducción de salarios. Si lo quiere hacer mañana, que lo haga. Que reduzca los salarios a todos. Estamos dispuestos”, recalcó en aquella oportunidad.
La diferencia entre ambos mensajes ha generado interrogantes. Mientras en diciembre el hoy Vicepresidente defendía una reducción salarial inmediata y desafiaba a todas las autoridades a disminuir sus ingresos en un 50%, ahora condiciona la medida a la existencia de mecanismos de administración y control de los recursos resultantes. El contraste resulta más evidente porque el comunicado reconoce expresamente que fue el propio Lara quien, meses atrás, planteó la necesidad de reducir los salarios de las altas autoridades como una medida de austeridad.
Lo que dijo en diciembre de 2025: “Si lo quiere hacer mañana, que lo haga. Estamos dispuestos”.
Lo que dice ahora: la reducción salarial puede debatirse, pero primero deben resolverse las dudas sobre quién administrará los recursos, cómo serán fiscalizados y bajo qué mecanismos llegarán a los beneficiarios.
