El anteproyecto establece que los contratos para explotar recursos naturales y desarrollar proyectos estratégicos quedarán aprobados automáticamente si diputados y senadores no se pronuncian en 45 días. La fórmula recuerda al “fast track” de 30 días del Decreto 5503, que fue abrogado tras el conflicto de diciembre.
Bolivia necesita inversiones extranjeras para buscar nuevos yacimientos de gas y petróleo, explotar minerales y convertir el litio en una industria capaz de generar dólares. Para conseguirlas, el Gobierno propone una fórmula que puede convertirse en el punto más polémico de la nueva Ley de Inversiones: la Asamblea tendrá 45 días para aprobar o rechazar determinados contratos. Si no lo hace, quedarán aprobados automáticamente.
La disposición está en el artículo 67, parágrafo II, del anteproyecto remitido al Legislativo.
La norma establece que los contratos de inversión de interés público deberán ser enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación mediante ley. Los diputados y senadores tendrán un plazo “no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario” desde su recepción para aprobarlos o rechazarlos.
Pero el siguiente enunciado es el que puede provocar la batalla política:
“En caso de que no exista pronunciamiento, el mismo será aprobado automáticamente”, establece el anteproyecto.
Después, el contrato deberá ser promulgado por el Órgano Ejecutivo.
¿Qué contratos están en juego?
No se trata de cualquier inversión. El mismo artículo 67 incluye contratos suscritos por el Órgano Ejecutivo, empresas públicas estratégicas o entidades del nivel central del Estado cuyo objeto sea la explotación, industrialización o comercialización de recursos naturales renovables y no renovables, bajo modalidades asociativas, de producción compartida o de gran escala.
También incluye el desarrollo de proyectos en áreas estratégicas de la economía, alianzas público-privadas y contratos de inversión cuyos compromisos sean establecidos por reglamento.
Es decir, la regla de los 45 días puede alcanzar proyectos de gran magnitud en sectores como hidrocarburos, minería y litio, precisamente aquellos en los que Bolivia necesita capital, tecnología y capacidad empresarial para producir y generar divisas.
El antecedente que vuelve sensible la propuesta
La fórmula no aparece en el vacío. El Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre de 2025, creó un régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones y estableció un procedimiento fast track para proyectos estratégicos. El plazo máximo para la aprobación técnica era de 30 días calendario, con aplicación del silencio administrativo positivo como regla general.
El decreto fue posteriormente abrogado después del conflicto social y político que estalló en diciembre. Entre las disposiciones que quedaron bajo cuestionamiento estaba precisamente el mecanismo para acelerar inversiones estratégicas sin que la demora administrativa bloqueara los proyectos.
Ahora el anteproyecto vuelve a colocar sobre la mesa la misma lógica de fondo, aunque con una diferencia sustancial: esta vez el mecanismo está planteado en una ley y el plazo aumenta de 30 a 45 días.
