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Nicaragua: cuatro aspirantes presidenciales y otros líderes opositores bajo arresto
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Nicaragua: cuatro aspirantes presidenciales y otros líderes opositores bajo arresto

Con datos de France 24, EFE y Reuters

En la noche del martes 8 de junio de 2021, la Policía de Nicaragua arrestó a Juan Sebastián Chamorro, el cuarto aspirante presidencial de oposición detenido en los últimos días y a otros líderes de oposición, elevando las reacciones internacionales contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Los arrestos de los aspirantes presidenciales nicaragüenses Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro se suman a las recientes detenciones de otros dos aspirantes a la Presidencia: Arturo Cruz y Cristiana Chamorro.

Las autoridades citaron la “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1.055)” y los acusa de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

Maradiaga fue citado el martes al Ministerio Público a declarar y aseguró no conocer los delitos por los que se le acusan. Al salir, compareció ante los medios de comunicación y reiteró su intención de seguir en la carrera por la candidatura presidencial.

Minutos después, su vehículo fue interceptado por policías que lo golpearon, según relató su abogado Roger Reyes. Varias de sus viviendas fueron allanadas casi de forma simultánea.

Por su parte, Juan Chamorro tenía una cita similar para el miércoles en el Ministerio Público por una investigación contra la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), donde ejercía como director, pero en la noche del martes su casa en Managua fue allanada por la Policía y fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Su esposa, la empresaria Vicky Cárdenas, fue notificada de casa por cárcel.

La Ley 1.055 fue creada a finales de 2020 y elimina cualquier aspiración a cargos públicos a quienes la justicia nicaragüense considere «golpistas», un término que habitualmente usa el oficialismo para atacar a opositores. «Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua, para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política», señala un artículo de la norma.

El Código Procesal Penal de Nicaragua, que invoca esta controversial ley, impone penas de entre 15 y 20 años por «terrorismo o financiamiento al terrorismo», así como de 10 a 15 años por «traición a la patria» e incluso de 2 a 6 años a quienes comprometan la paz.

Policía arresta a expresidente de la principal cúpula patronal de Nicaragua

En la noche del martes, la Policía Nacional nicaragüense también informó la detención del economista José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula empresarial Nicaragua, así como a la dirigente opositora Violeta Granera.

Ambos fueron detenidos bajo la acusación de «incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos» y «pedir intervenciones militares». Aguerri fue llevado a las celdas policiales mientras Granera permanece en “casa por cárcel”.

La acusación, al igual que los candidatos es por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la Nación», dijo la institución policial.

La Alianza Cívica denunció que Aguerri, miembro de su Comité Ejecutivo, fue «secuestrado» y «se encuentra ilegalmente detenido», mientras Granera pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

Vivanco: «En los últimos 30 años, nunca había visto algo así»

Organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, así como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han acusado al Gobierno de Ortega de “fabricar acusaciones falsas contra opositores”.

«En los últimos 30 años, nunca había visto algo así», dijo en Twitter José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Se necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega», aseguró.

Por su parte, la ONU manifestó en sus cuentas oficiales que está siguiendo los alarmantes reportes y expresó su rechazo a lo sucedido: “Hoy han sido detenidos arbitrariamente tres líderes y una lideresa de la oposición. Ya van seis en la última semana, de los que cuatro eran aspirantes a la Presidencia”.

La subsecretaria interina de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, aseguró que los arrestos de Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, merecen una respuesta urgente de la comunidad internacional.

“La creciente represión contra los líderes políticos y de la sociedad civil de Nicaragua esta noche, incluido el arresto de Juan Sebastián Chamorro, y muchos otros, exige una respuesta internacional urgente. El régimen de Ortega es responsable del bienestar de los detenidos. Deben ser liberados inmediatamente”, expresó en Twitter.

Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y quien es considerada la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo, fue la primera detenida la semana pasada. El segundo fue Arturo Cruz, en su momento embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

Ortega, de 75 años y quien es tildado como «dictador» por Estados Unidos, retornó al poder en 2007 y gobierna desde 2017 junto a su esposa, Rosario Murillo, quien también es vicepresidente del país centroamericano.

 

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