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La verdad 

La verdad es que la verdad no es monopolio de los periodistas, menos de los dueños de medios. Es un producto social que resulta de la deliberación, del diálogo, del proceso de razonamiento filosófico. Sin embargo, algunos periodistas y propietarios creen que la verdad circula en los medios y su materialización se produce sólo en la publicación de las noticias.
Basada en ese presupuesto, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a dueños de medios, expresó su preocupación respecto al artículo 108, parágrafo II, del proyecto de Constitución que estable que “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad”.
La ANP advierte que la libertad de expresión está en peligro desde el momento que la verdad y responsabilidad “pierden su condición moral para convertirse en jurídicos”. Pues, en su razonamiento, a partir de la nueva legislación alguien tendría que definir -limitar- lo que se va a entender por veraz y responsable, lo que puede derivar en posteriores sanciones contra los mentirosos e irresponsables.
Bajo esa misma lógica, tendríamos que preguntarnos ¿quién define –limita- la verdad en el Código de Ética de la ANP, que en su primer artículo señala: La veracidad de la información debe ser la primera condición imprescindible para su publicación? ¿El propietario del medio? ¿El Director? ¿El Jefe de Redacción? ¿La jefa de prensa? ¿El político que tiene estrecha amistad con el dueño del medio? ¿El empresario que somete al medio con publicidad?
¿Quién definió la verdad en el conflicto de Sucre? ¿El dirigente de la Federación de Periodistas de Chuquisaca, Edgar Marín, cuando se comprometió, en nombre de “sus bases”, dar cobertura sólo a las voces que apoyaban la demanda de la capitalidad”? ¿Algunos periodistas de los medios del gobierno que confundieron propaganda con información? ¿Quién define la verdad en algunos medios de Santa Cruz? ¿Los más conservadores que intentan tapar toda voz crítica contra la autonomía de privilegiados llamando traidores a los periodistas que creen en el pluralismo? ¿Es ético contraponer la conciencia profesional de los periodistas, que les ordena decir la verdad, contra el supuesto interés regional? ¿Quién tiene la prioridad en este caso? ¿El interés regional o la sociedad que requiere la verdad?
La ANP demanda que este principio se quede en el aspecto moral. Parece razonable, si consideramos que cualquier intento de injerencia gubernamental en este tema es altamente peligroso. Más cuando todo gobierno es transitorio. Sin embargo, vale la pena discutir el salto en sintonía del nuevo tiempo, que en materia de legislación comprende el tránsito del sujeto empresario al sujeto universal en la garantía del derecho a la información y la Libertad de Expresión. Es decir, ahora, ni la comunicación ni la información y menos la opinión es patrimonio del propietario de la imprenta, del medio o del periodista, como lo era incluso hasta fines del siglo XX, al menos en Bolivia. Ahora el principal beneficiado debe ser el ciudadano, y pensando en él, no bastan los códigos de ética, es necesaria la Ley, porque se supone que es producto de la voluntad popular. Pues, la realidad nos muestra, como escribió el periodista colombiano, Germán Rey, que “la ética y la autorregulación fueron el rey de burlas”.
En ese sentido, la alta misión del Estado, no del gobierno, es garantizar a los ciudadanos la verdad y responsabilidad en la información, así como garantiza el derecho a la vida o a la alimentación.

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