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La política económica del gobierno de Arce: un plato recalentado
Opinión

La política económica del gobierno de Arce: un plato recalentado

Por: Carlos Arze Vargas

La crisis acelerada y agudizada por la pandemia de coronavirus no hizo más que revelar el espejismo de la fortaleza de la economía y el carácter espurio de los avances en materia de reducción de la pobreza enaltecidos por el actual gobierno de Arce. El famoso blindaje de la economía, proclamado por el ahora presidente, no resistió la paralización parcial de algunos meses, mostrando que las enormes rentas percibidas durante década y media por el gobierno de Evo Morales no sirvieron para impulsar la transformación productiva de la agricultura ni de la industria.

El gobierno de Luis Arce, en los cerca de seis meses de gobierno, ha insistido en la versión de que la economía nacional está en crisis debido a la pésima gestión del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Inclusive, ha llegado a sostener que ese gobierno, que duró aproximadamente un año, habría destrozado la economía provocando el retroceso en todas las “conquistas” del anterior período. Un discurso que ensayó desde febrero de 2020, cuando denunciaba ya que en los tres primeros meses del gobierno de Añez se había implementado una economía neoliberal y que llevaría al menos dos años “reconstruirla”.

El discurso tiene, además del objetivo de atribuir toda la responsabilidad de la crisis al gobierno transitorio —ciertamente ineficiente y corrupto— ocultando que dicha tendencia venía desarrollándose cinco años antes de la renuncia de Evo Morales, el propósito de “curarse en salud”, es decir, de anticipar las dificultades del gobierno de Arce para cumplir lo prometido generosamente durante la campaña electoral.

La caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, en un 7,7%1 , tuvo como principales causas la paralización parcial de la actividad económica durante varios meses —producto de la cuarentena dispuesta para enfrentar la pandemia del COVID-19— y la disminución de la demanda externa que redujo drásticamente el comercio internacional. Además, la errática administración del gobierno transitorio reflejada especialmente en medidas como la reducción de la inversión pública, la paralización de muchas empresas públicas y la corrupción, afectó también el nivel de actividad económica, situación que impactó negativamente sobre la población, verificándose un incremento inusitado del desempleo (8% como promedio anual) y el deterioro de los ingresos económicos, especialmente para el grueso de la fuerza de trabajo que desarrolla actividades denominadas “informales”.

Aunque las cifras macroeconómicas de 2020 muestran un deterioro extraordinario de la economía, no resultan sorprendentes pues se inscriben en un comportamiento tendencial que arranca en 2014. La tasa del PIB había venido cayendo sostenidamente desde un 5,5% para 2014, hasta un 2,2% para 2019, por la reducción de la actividad de sectores estratégicos como hidrocarburos (-10,6%) y minería (-2,4%), lo que derivó en abultados déficits comercial (260 millones de dólares) y fiscal (7,7%), debido a la elevada dependencia fiscal de los ingresos de la exportación de gas natural y minerales, como corresponde al patrón de desarrollo primario exportador vigente.

Medidas del gobierno transitorio, como la otorgación de bonos extraordinarios y subvenciones en el costo de algunos servicios públicos para aliviar la situación de los grupos sociales más pobres, fueron insuficientes, contrastando con la magnitud de los recursos financieros dispuestos para facilitar la liquidez de los bancos y las facilidades otorgadas en la sombra a terratenientes y empresarios agroexportadores. Esa orientación de la política económica revelaba la preferencia gubernamental por los sectores empresariales y la priorización que hizo de la actividad económica por encima de la salud, que se debatía en una aguda crisis de infraestructura, personal médico y de insumos, heredada de la desatención del gobierno de la década y media pasada. Así, la gestión económica del gobierno transitó por la misma línea de su antecesor y su ineficiencia acabó siendo apenas una diferencia de matiz de la misma, principalmente por haberse desarrollado en un contexto de una crisis sanitaria insólita.

Como el modelo económico del gobierno del MAS descansa en el crecimiento de las actividades extractivas que reportan elevados ingresos fiscales, el impacto de la caída de la renta de esos recursos naturales derivó en la creciente insolvencia del fisco para financiar los enormes gastos corrientes y la inversión pública. La otra pata de la demanda interna, constituida por el consumo de la población, también fue afectada por la reducción de los ingresos de los sectores productivos sometidos a la dinámica del aparato primario exportador. No hay que olvidar que, en una economía rentista como la promovida por el régimen masista, la creciente importación de bienes del exterior sustituye al aparato productivo nacional como proveedor y convierte a millones de bolivianos en trabajadores “informales” que subsisten gracias al pequeño margen comercial que les deja la venta de los bienes importados.

Entonces, la crisis acelerada y agudizada por la pandemia no ha hecho más que revelar el espejismo de la fortaleza de la economía y el carácter espurio de los avances en materia de reducción de la pobreza enaltecidos por el actual gobierno continuista. El famoso blindaje de la economía, proclamado por el ahora presidente, no resistió la paralización parcial de algunos meses, mostrando que las enormes rentas percibidas durante década y media por el gobierno de Evo Morales no sirvieron para impulsar la transformación productiva de la agricultura ni de la industria, sino para desplegar una política populista destinada a mantener en el poder indefinidamente al caudillo; de la misma forma, la inevitable caída de los ingresos de la gente que vive “del día a día” incrementó el ejército de pobres e indigentes, y terminó con el “milagro” del proceso de cambio.

Hoy, la economía muestra números rojos alarmantes en todos los campos: un déficit fiscal abultado (9,7% previsto para 20212) debido a la inflexibilidad del gasto corriente y de la inversión destinada a edificar elefantes blancos; un déficit comercial alto, que persistirá por la caída de las exportaciones y por la inflexibilidad a la baja de las importaciones y que incrementará el déficit en cuenta corriente (3,7% del PIB para 20213); una creciente deuda pública externa (12.496 millones de dólares a febrero4), provocada por la insolvencia del fisco que ya no goza de los ingresos provenientes de la exportación de gas y minerales, que obliga a recurrir al crédito extranjero o al crédito interno; una reducción en picada de las reservas internacionales de divisas y oro (4.526 millones de dólares a marzo5), debido a que el gobierno las utiliza con más frecuencia e intensidad ante la desaparición de las rentas extraordinarias de la época de bonanza.

Luis Arce, en el momento de su posesión, prometió “reconstruir” la economía manteniendo la orientación y lógica de su modelo social comunitario productivo que, como hemos visto, es el responsable de la pérdida de la oportunidad histórica que brindaba el largo ciclo de precios altos de las materias primas. Pero las medidas gubernamentales más importantes impuestas hasta ahora se destacan por su intrascendencia respecto a esa promesa: i) para la reactivación del aparato productivo ha dispuesto la reprogramación y refinanciamiento de créditos apoyada por un fideicomiso de solo 150 millones de dólares, cuyo resultado final será el incremento de la deuda total para prestatarios; ii) reactivación de empresas públicas, como la Planta de Urea, la Empresa Azucarera San Buenaventura(EASBA) y BOA, que no han demostrado su rentabilidad, pero que continúan engullendo recursos públicos; iii) el pago del Bono Contra el Hambre de 1.000 bolivianos por única vez, como único beneficio para los desocupados y las familias pobres; iv) la devolución de aportes —hasta 15.000 bolivianos— a los afiliados a las AFP que perdieron su trabajo, promesa electoral que condenará a los trabajadores a una vejez indigente; v) creación del Impuesto a las Grandes Fortunas, que afectó a 194 personas ricas y que recaudó 29,5 millones de dólares, que apenas representan, por ejemplo, el 3% del monto que los migrantes bolivianos en el exterior envían a sus familias cada año; vi) programación de 4.000 millones de dólares de inversión pública, financiada en una tercera parte por créditos externos y que elevaría el déficit fiscal de capital hasta un 10% del PIB.

Paralelamente, el gobierno ha determinado impulsar el incremento de la recaudación tributaria, bajo la misma orientación vigente hasta antes de la pandemia y abrogando incentivos dispuestos en 2020, que favorecían a empresas privadas, pero también a grupos de consumidores, profesionales independientes y empresas no-extractivas. En ese marco, ha dispuesto la devolución del 5% del IVA a contribuyentes con ingresos menores a 9.000 bolivianos, aunque su intención real es ampliar el pago de impuestos por comerciantes mediante la mejora en el control de la emisión de facturas. Cabe resaltar que las citadas abrogaciones, presentadas como medidas orientadas a desmontar privilegios empresariales, solo tuvieron un objetivo propagandístico, pues se mantienen vigentes muchas otras disposiciones implementadas o modificadas por el gobierno transitorio en favor de empresarios agroindustriales, terratenientes, etc., como las referidas a la dotación de tierras y quema de bosques, el uso permitido de transgénicos o, inclusive, la misma anulación del certificado de abastecimiento interno de productos agrícolas, que el MAS, en el pasado, suspendió innumerables veces.

En consecuencia, lo más probable es que el “nuevo” gobierno del MAS reedite los aspectos centrales de su fracasado modelo: profundización del extractivismo, mediante la apertura indiscriminada de áreas protegidas a la inversión extranjera, como la anunciada marcha hacia la Amazonia en busca de hidrocarburos, minerales y construcción de infraestructura eléctrica para la exportación; ampliación de la frontera agrícola, afectando la sostenibilidad de los bosques y hábitats de pueblos indígenas, destinada al incremento del negocio privado de los “combustibles ecológicos” y operada a través de la entrega dolosa de tierras fiscales a traficantes de tierras; inversión pública en megaobras que no rinden las utilidades prometidas y que se convierten en un pesado fardo de deuda para el erario nacional; incremento de la deuda externa, principalmente proveniente de países afines políticamente, como China y Rusia, y de la emisión de bonos soberanos (emisión de 3.000 millones de dólares este año) que resultó siendo el crédito más caro que actualmente paga el Estado y cuyas tasas serán más altas debido al incremento del “riesgo país”. Frente a la vulnerabilidad fiscal, no sorprendería que el gobierno intente, como en el pasado, echar mano de los enormes recursos del ahorro de los trabajadores para su jubilación mediante la gestora pública que, en un escándalo revelado estos días, ha demostrado la forma arbitraria, ineficiente y corrupta de su administración.

Así, la crisis encuentra al país en una situación de enorme vulnerabilidad y bajo el mando de un gobierno más preocupado por restablecer el apoyo electoral mediante la persecución de todo opositor real o aparente, el uso indiscriminado de la publicidad y del alarde discursivo con poses antiimperialistas. Por lo mismo, no resulta infundado suponer que las acciones en contra de varios sectores sociales presagian el endurecimiento de las acciones represivas gubernamentales para aplacar la protesta causada por el deterioro de la situación económica.


  • 1 IMF (2021). World Economic Outlook. Managing Divergent Recoveries. April 2021. Washington, DC: IMF.
  • 2 MEFP/BCB. Programa fiscal financiero 2021.
  • 3 IMF, op. cit.
  • 4 BCB. Estado mensual al 28 de febrero de 2021.
  • 5 BCB. Información estadística semanal al 12 de abril de 2021.

Carlos Arze Vargas es investigador del CEDLA
La presente columna fue publicada en el Alerta Laboral N° 88, publicado el 1 de mayo de 2021

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