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Especialista en DDHH califica de ambiguo pronunciamiento de la CIDH sobre el DS 4200
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Especialista en DDHH califica de ambiguo pronunciamiento de la CIDH sobre el DS 4200 

El especialista en Derechos Humano, Franco Albarracín Vallejos, calificó de “ambiguo y sin mucha precisión”, la última expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que, en día pasados, a través de su cuenta de Twitter, expresó su “grave preocupación”, por la promulgación del Decreto Supremo 4200 de Emergencia Sanitaria por el Covid-19.

“El Tweet de la CIDH es un poco ambiguo y sin mucha precisión porque no especifica el número del Decreto, lo que obliga a las personas acudir al comunicado de Human Rights Watch para entender la norma a la que hace referencia la Comisión”, aseveró Albarracín.

Franco Albarracín insistió que la Comisión es poco precisa en relación a su “llamamiento” puesto que no especifica si su cuestionamiento es a un solo artículo o a todo el Decreto.

“El pedido, al ser poco preciso, es incluso irresponsable, pues no sabemos si la CIDH pide abrogar todo el Decreto o simplemente derogar un artículo contrario a la Convención. Si el Estado cumple a cabalidad con la petición de la Relatoría, entonces debería dejar sin efecto todo el Decreto Supremo 4200. Es decir, dejar sin efecto la cuarentena, lo que pondría en peligro el derecho a la salud de miles de bolivianos», declaró.


Para Albarracín, sorprende el accionar de la CIDH que optó por pronunciarse por las Redes Sociales, antes de buscar una reunión con el gobierno de Jeanine Áñez para buscar que este reconsidere el contenido de la cuestionada norma.

 “Sorprende que la Comisión no haya cuestionado estos aspectos de manera directa al Estado. Por lo general, la Comisión -de acuerdo al artículo 41 del Pacto de San José- tiene la posibilidad de pedir información directa al Estado. Esta solicitud, en muchos casos, permite que el Estado pueda reconsiderar sus acciones y adecuar su comportamiento a los establecido por la Convención, lo que permite un dialogo mucho más amplio y claro entre el Estado y la Comisión”, dijo.

En versión del profesional, en la normativa internacional de Derechos Humanos existen excepciones que permiten limitar la libertad de expresión, previa verificación de un test de proporcionalidad.

“Existen excepciones que permiten limitar el derecho a la libertad de expresión. Para ello, es importante aplicar el test de proporcionalidad, desarrollado por el derecho internacional de los derechos humanos. Para determinar si una restricción legal a la libertad de opinión se encuentra dentro de los marcos del estándar internacional de Derechos Humanos, es necesario verificar que dicha restricción cumple con el principio de legalidad; legitimidad; necesidad y proporcionalidad”, afirmó.

LA VIA LEGISLATIVA

Otra opción que acotó el especialista fue que el gobierno de Jeanine Áñez debía acudir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que esta instancia apruebe una ley previa que, de forma clara, establezca los casos que constituyen en un peligro para la salud pública dentro de esta emergencia sanitaria.

“En el caso del Decreto Supremo 4200, para que el artículo 13.II esté acorde a lo dispuesto por los estándares internacionales, debería estar contemplado por una ley previa, expresa, taxativa y clara. Es decir que, para coartar el derecho a la libertad de opinión, en este caso, debería ser la Asamblea Legislativa quien apruebe una ley donde debería especificar de manera clara y taxativa los casos que constituyen en un peligro para la salud pública”, aseveró.

Albarracín reconoció el aporte de los medios de comunicación en esta coyuntura como vital, dentro del rol de difundir información real, que haga frente a la desinformación que se propaga a través de las Redes Sociales

“En estos casos el rol de los medios de comunicación es fundamental para garantizar la difusión de información real hacia la población. En el contexto en el que estamos, los medios de comunicación son actores esenciales para la garantía del derecho a la libertad de expresión de las y los ciudadanos bolivianos. De esta forma, deben ser los medios quienes deben asumir una postura crítica frente a la desinformación de líderes sociales o políticos”, señaló.

AZT

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