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El Estado Boliviano es responsable por impunidad en feminicidios 



El terrible caso del asesinato de María Isabel Pilco
por su pareja, David Vizcarra, sigue en la memoria de las mujeres en Bolivia
por los vicios del proceso judicial que generaron la absolución del culpable.
A María
Isabel Pilco la mató su pareja David Viscarra, murió después de 12 días por
hemorragia interna debido a los golpes propinados no sin antes denunciar a su
agresor. Después de cuatro años el caso sigue en la impunidad debido a una
serie de negligencias de los operadores de justicia que tan solo evidencian el
profundo sistema patriarcal que opera en el Estado Nacional.
El brazo operativo
del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres conocido
como Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad tuvo su tercera sesión este jueves
29 de noviembre donde impuso una sanción moral y social en contra del Estado Plurinacional
por la múltiple vulneración de los derechos en el caso del feminicidio de Pilco
por parte de los operadores de justicia.
La anulación de varias pruebas que incluyen la
propia declaración de la víctima y el informe del médico forense emitido por el
perito del IDIF, la dilación de inspecciones oculares y audiencias, además del
acoso y hostigamiento a los familiares de la víctima como también la represión a
las activistas que daban seguimiento a este caso, figuran entre los 11 puntos de
la resolución en el marco del ejercicio efectivo del control social – establecido
en la Constitución Política del Estado (CPE)- sobre una de las problemáticas
más graves que se vive en Bolivia: la violencia contra las mujeres.
 “El Caso Pillco pone en evidencia como está el sistema de justicia
en Bolivia, es el mejor indicador de como el Estado parte no cumple con sus
compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (DDHH)”, recalcó
Sillerico, parte del Observatorio
para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
La abogada Audalia
Zurita, quien también estuvo presente junto al padre de María Isabel, Víctor
Pillco, adelantó que se encuentran a la espera de que el caso vuelva a foja cero para reiniciar el
juicio que se encuentra en la sala penal cuarta
del Tribunal Departamental de Justicia.
Según explica Zurita, ya se realizó la
audiencia de fundamentación del recurso de apelación presentado y se encuentran
a la espera del sorteo para que los vocales se pronuncien.
Pilco había
denunciado dos años antes a su agresor, como también lo hizo horas antes de
morir, Vizcarra además de golpearla constantemente la humillaba y la tuvo
secuestrada durante horas sin poder comunicarse ni pedir auxilio.
El pasado
año 2017, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer
Primero de La Paz conformado por los jueces técnicos José Quiroga e Iván
Perales absolvió a Vizcarra rechazando todas las pruebas presentadas pero
además insinuaron que la víctima había sido golpeada en una fiesta, el juicio
tuvo muchos testimonios que mellaban la dignidad de la víctima apelando a arquetipos
conservadores y patriarcales sobre su accionar y su vida privada.
“Este caso evidencia toda la estructura patriarcal que
tenemos en el sistema judicial que no toma en cuenta las historias de
violencias de las víctimas de feminicidio en un sistema que tiene todo su
andamiaje institucional induciendo a las víctimas a la conciliación”, comentaba,
Patricia Brañez, una de las veedoras invitadas.
Brañez denunció que existe todo un sistema cómplice
de los agresores que es ineficiente para las mujeres y muestra un tráfico de
influencias con sesgos de géneros en todas sus instancias.
El Tribunal conformado
por Sonia Montaño, socióloga feminista, Freddy Huaraz, especialista en género y
Ximena Galarza, y periodista, sesionó por tercera vez abogando por el respeto
hacia las mujeres.
También
estuvieron presentes como veedoras María Eugenia Rojas, representante de la Red
Latinoamericana por la Democracia,  Fanny
Nina,  lidereza del Municipio de El Alto,
 Marcela Molina, representante de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Mónica Paye, concejala de Pacajes, Lola
Gutiérrez, representante del Colectivo Territorio Feminista, y Patricia Brañez,
 representante de CLADEM en Bolivia.
“El tribunal se ha constituido en uno de los
pocos espacios de denuncia pública sobre la impunidad y la injusticia que hay
en Bolivia. Para nosotros es un tema vital poder contribuir a que este tribunal
sesione por tercera vez considerando que no ha habido avances en este caso que es
emblemático porque representa todos los hechos de violencia contra la mujer que
siguen en procesos judiciales sin sentencia”, señaló la directora de la Unión
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), Susana
Eróstegui, que también fue parte del espacio que busca potenciar la
articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) además de la
exigibilidad de Derechos Humanos de las mujeres.
La sentencia del Tribunal de las Mujeres
Contra la Impunidad interpela al Estado y a la Sociedad Civil para eliminar
toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas en Bolivia.

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