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ANP denuncia que un Fiscal prohíbe publicar fotos de Gobernador de Chuquisaca

ANP, 22 abr –  La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que un fiscal de la ciudad de Sucre, al sur del país, prohibió al periódico local Correo del Sur la publicación de fotografías del gobernador del departamento de Chuquisaca, Estéban Urquizu, y advirtió que la medida “contraviene toda norma constitucional y vulnera libertades de carácter universal propias de un clima democrático.

La ANP explica que un requerimiento emitido por el fiscal de Materia, Jorge S. Romay Pulido, el jueves 18 de abril de 2013, exige al medio impreso que a “la brevedad posible” se deje sin efecto la publicación de la imagen del Gobernador.

La medida, según la organización que agrupa a los principales medios escritos de Bolivia, “hace ejercicio de un particular y vertical exceso de autoridad” al prohibir que se difundan las fotografías de la autoridad departamental que cumple una función pública.

El fiscal Romay argumenta su requerimiento en que una imagen del gobernador Urquizu, incluida en un aviso pagado por una fábrica de cemento, lleva el “rostro y manos totalmente manchados” y recuerda que el artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) “refiere que todo boliviano y boliviana, tiene derecho a la privacidad, intimidad, honra, propia, imagen y dignidad”.

Pese a que el aviso pagado y difundido lleva con claridad la autoría, origen y responsabilidad por su contenido, el fiscal Romay requiere que el Director del periódico de la Capital de la República, “certifique qué persona y/o institución contrató el espacio publicitario”, señala la denuncia de la ANP.

La organización que asume la defensa de los principios constitucionales y la libertad de expresión, advierte un “ejercicio de autoridad cercano al propósito de incomodar a los medios de comunicación independientes”.

Recuerda que un fiscal no tiene atribuciones para prohibir la difusión de mensajes, según la Ley del Ministerio Público y que la atribución es propia de un juez en lo civil, a demanda del derecho a la imagen presentado por la parte afectada.

El requerimiento fiscal argumenta una “difusión e incitación al racismo y la discriminación” comprendida en el Artículo 281 de la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, y señala “difamaciones racistas, discriminatorias…”

Según la organización de los medios impresos, el empleo de este argumento, también fue usado en otro caso para abrir un proceso penal contra dos periódicos y una agencia de noticias.

Ello “sólo confirma aquello que denunció la ANP en octubre de 2010: esta norma solamente tiene por finalidad castigar la independencia de los medios de comunicación, silenciar a quienes defienden las libertades ciudadanas, sin cumplir el propósito para el que fue sancionado”, expresa el comunicado.

“Por las consideraciones anotadas y los antecedentes señalados, la ANP rechaza la orden de suspender la difusión de las imágenes del gobernador Urquizu por constituir un nuevo atropello a las libertades democráticas y llama a la Fiscalía a defender los intereses colectivos en lugar de parcializarse”, concluye el pronunciamiento.

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