A doce días de comicios generales UNICEF pregunta a los candidatos si sus ofertas electorales incluyen a la niñez y la adolescencia 

UNICEF

El organismo internacional puso a consideración de las fuerzas partidarias seis temas prioritarios para niñas, niños y adolescentes; los mismos podrían ser parte de la agenda del futuro gobierno de Bolivia.

En la recta final de las campañas electorales, proceso que culminará con la asistencia de la población a votar el 18 de octubre para elegir al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, así como a los miembros del poder legislativo, UNICEF Bolivia entregó a los candidatos el documento “Seis prioridades sobre la niñez y adolescencia en Bolivia – Pautas para incorporar los derechos de la niñez en agenda pública”, esto para su consideración en sus propuestas de gobierno y eventualmente para la definición de una agenda pública en favor de esa población.

El Representante de UNICEF en Bolivia, Rafael Ramírez, afirmó que la inclusión de la niñez y adolescencia como tema transversal en las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores y diputados nacionales, así como representantes supraestatales en las Elecciones Generales de 2020 es, además de una responsabilidad ética y legal de todos los bolivianos y del Estado, una apuesta para impulsar y profundizar el desarrollo económico, la equidad y el progreso social que el país ha alcanzado en los últimos años.

Las seis prioridades fueron definidas y analizadas en el nuevo contexto de la pandemia del COVID-19 y los efectos adversos que ésta tiene y tendrá en la infancia, niñez y adolescencia. Este examen de la realidad que enfrenta esa población es producto del diálogo con la sociedad civil, instituciones y organismos no gubernamentales.

Prioridad 1: Desarrollo de una política / estrategia nacional de desarrollo integral de la primera infancia. Es necesario que el nuevo gobierno impulse una política/estrategia de desarrollo integral de la primera infancia que garantice la supervivencia y salud de la madre embarazada, el recién nacido y el/la niño/a. Los servicios de salud deben contar con equipamiento, cobertura (especialmente en áreas remotas y comunidades dispersas) para satisfacer equitativamente las necesidades de salud materna y del recién nacido en todo el territorio nacional.

Asimismo, se debe impulsar la inmunización interrumpida por la pandemia del COVID-19, asegurar la nutrición adecuada de los niños menores de 6 años en momentos en la que la economía familiar de los hogares ha sido afectada, así como apoyar a las familias con niños y niñas en esta etapa para que se mantenga el cuidado, el juego y la estimulación que demandan a esta edad.

Prioridad 2: Poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Tener una estrategia, política o plan nacional para hacer frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de la prevención y atención de situaciones de violencia, que incluya: i) presupuesto suficiente para servicios de protección; ii) personal especializado y permanente: iii) programas de prevención centrados en la familia y que promuevan cambios de comportamiento: iv) el apoyo integral a la familia como un eje importante para la reducción de la violencia y v) dedicar más tiempo y atención a los factores que pueden determinar niveles más elevados de violencia y atentar contra la capacidad de recuperación de los niños, sus familias y comunidades.

Prioridad 3: Garantizar que todos las niñas, niños y adolescentes aprendan y culminen el ciclo educativo. En el ámbito educativo se debe atender dos desafíos principales: mejorar el aprendizaje escolar y reducir el abandono, aumentando así la conclusión de la educación secundaria. La inversión en educación debe crecer progresivamente hasta permitir que todo niño y niña tenga al menos, educación básica de calidad.

Prioridad 4: Prevenir y reducir el embarazo adolescente. Es necesario fortalecer la estrategia nacional de prevención y de reducción del embarazo adolescente y de matrimonios antes de los 18 años, a partir de un diagnóstico que identifique cuáles son las poblaciones más vulnerables y se establezcan las causas para que se de esta situación.

La gestión pública debe garantizar que la pandemia no limite la disponibilidad de asistencia e información sobre planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos y otros servicios esenciales de salud sexual y reproductiva.

Prioridad 5: Impulsar la efectiva implementación del Código Niña, Niño y Adolescente en el nivel subnacional desde una visión integral y fortalecer la institucionalidad en materia de niñez.  Es importante generar una visión integral que vincule a todos los sectores y niveles de gobierno y establezca obligaciones y responsabilidades específicas para cada uno de ellos, en torno a la garantía y cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El nivel central debe hacer un seguimiento de la implementación del Código y hay que armonizarlo con otras normativas a nivel subnacional referidas a recursos y presupuestos que se asignan a las gobernaciones y municipios para garantizar los derechos de la niñez.

Prioridad 6: Asignación de recursos públicos orientados a la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  Se deben medir las asignaciones concretas de recursos en todos los niveles para conocer la prioridad que otorga el Estado al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia.  Es necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas, defina un codificado específico para niñez y adolescencia en el Presupuesto General del Estado que permita identificar los recursos que son asignados a este grupo poblacional, mediante una metodología de presupuestación con enfoque de derechos.